¿Estado inerme o Estado bobo?

Por: Roberto Candelaressi

Desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo -que por cierto, no son sinónimos, sino condiciones concurrentes para sostener el ‘bienestar’- , se contempla como un gran problema a resolver, lo que llaman “trampa de crecimiento interrumpido”, causal que nos alejó de la evolución próspera que tuvieron otros países con características semejantes al nuestro.

En efecto, desde mediados del siglo pasado, nuestra historia económica registra 16 episodios recesivos, 25 años de contracción económica en todo el periodo, que arroja en promedio; 1 año de decrecimiento cada 3. Una clásica manifestación de ese ‘sino’ nacional, son los problemas de balanza de pagos producido cíclicamente por el conflicto entre la demanda material de la sociedad, y la capacidad productiva de su economía, que en algún punto del crecimiento o bonanza deviene insuficiente para seguir evolucionando o aún para sostenerse.

Básicamente esa ‘insuficiencia’ se funda en que los sistemas productivos [cadenas de rubros] no están geográficamente integrados en la economía doméstica, pues requieren insumos y productos intermedios que han de importarse. El resultado es que, cuando se expande la producción general y los servicios la demanda por importaciones se acelera a un ritmo superior que el de los bienes exportables, genera tarde o temprano un déficit de divisas para seguir financiando el crecimiento.

En la actualidad por motivos de público conocimiento, existe escaso financiamiento externo disponible para la Argentina. Todo ello funda la propuesta [estrategia de crecimiento económico] de la mayoría de los economistas -oficialistas, opositores o “indiferentes” a la política económica de la actual administración- en el sentido de generar más exportaciones y más diversificadamente, a fin de sumar los U$S adicionales para equilibrar la balanza de pagos. Asimismo sostienen en conjunto, que no existe “ una bala de plata” en las exportaciones de Recursos Naturales, [constituyen gran porción de nuestra oferta al exterior -las exportaciones basadas en RRNN dan cuenta de casi el 60% del valor exportado-] como para generar un incremento espontáneo y significativo de divisas. Nosotros pensamos diferente.

Cerrando el “prólogo” de nuestro estado de situación, digamos que desde un plano teórico, el país cuenta potencialmente con ingentes recursos adicionales, que podrían convertirse eventualmente (inversiones maduradas) en fuentes de crecimiento sostenido, incluso materializarse como una contribución a la formación de capitales para preservar la estabilidad de las cuentas externas y permitir a los gobiernos a administrar sus gastos en forma contra cíclica. Son las inmensas reservas de gas y petróleo esquisto (Vaca Muerta) y, los extensos salares de litio en nuestro norte, la desatendida riqueza ictícola de la ZEE.

Ahora bien, permitámonos una mirada “pragmática” a la cuestión:

Desde la década del menemato, época de liberalización y destrucción de los instrumentos de control y monitoreo estatal, la producción y exportación de -precisamente productos naturales-, tales como la minería, hidrocarburos, cereales, oleaginosas y sus derivados, etc., cuentan con un sistema de registro estadístico e incluso de afirmación tributaria que responsabiliza al productor y/o exportador de la información mediante “declaraciones juradas cuanti y cualitativas”, es decir, que toma como ciertas y válidas las cuantías y calidades descritas en tales rendiciones, sin una valoración por control directo estatal.

Si a ello sumamos el hecho que la mayoría de los puertos importantes del país (20/22), se hallan desde aquella época privatizados, y con una insignificante presencia del estado, [alguna pequeña oficina (AFIP/ADUANA) con un par de funcionarios con escasas herramientas efectivas de control], y estas dársenas son administradas por los grandes holdings exportadores (la mayoría 7/10 de capitales multinacionales), y/o empresas monopólicas, con sedes administrativas in situ, advertimos que la participación y contralor ‘estatal’ en el tráfico es meramente simbólica.

Sumemos la intermediación de la red fluvial por donde pasa gran parte del comercio exterior argentino, administrada y operada por un concesionario internacional, con un cierto manejo discrecional del dragado que -por ejemplo- favorecería a algunos puertos por sobre otros de la cuenca, concluimos que la capacidad de control estatal a raíz de normas laxas, y, de prácticas de laisse faire consolidadas en los últimos 25 años, quedó muy menguada.

Los actores intervinientes en este estratégico sector de la economía nacional, del que como vemos depende sus oportunidades de crecimiento y desarrollo, son de enormes proporciones y mayoritariamente de origen transnacional. Ergo, sus intereses no necesariamente coinciden con los del país, ni su compromiso social, ni siquiera su ética frente a la ley local.

Pero la efectividad del control estadual no solo es deficiente desde los puertos y aguas afuera, también en el territorio firme se verifica el mismo déficit. Como prueba tenemos que solo el año pasado (2020), cuando se implementaron operativos de seguimiento y control vial de unidades de transporte, sobre las rutas que conducen a fronteras por parte del Ministerio de Seguridad (que aún continúan), se lograron incautar 3.400 toneladas de cereales y oleaginosas cuya ‘documentación’ era irregular o inexistente. Clara intención de contrabando.

Adicionalmente, podemos citar que existe una causa judicial por evasión fiscal instruida por una fiscalía federal de la ciudad de Villa María (Cba.), donde investigando unas compra-ventas de cereales no declaradas, se determinó que sus destinatarios finales eran las exportadoras Vicentín y Bunge. Fácilmente se deduce que lo que se “compra en negro”, sigue su curso sin declarase. El estado nunca se entera de estas transacciones, que dada la relevancia de sus actores finales, debe ser más común de lo que se piensa.

Asimismo, es vox populi que pilotos y prácticos de la cuenca, -personal idóneo si los hay en materia de cargas y navegación segura-, suelen comentar que ‘a ojo de buen cubero’, por el calado normal de los ‘vapores’, es habitual observar el tránsito por el caudal del Paraná, de grandes barcos con su “obra viva” demasiado hundida (casco sumergido), que presupone exceso de carga en sus bodegas. Prefectura habría intervenido en algunas encalladuras ante el mínimo desvío del curso de la nave desde el canal dragado, que da sustento a tal sospecha.

En resúmen; los especialistas en el mercado granario, aseguran que el contrabando presuntivo llega al escandaloso monto de U$S 9.000 millones de evación fiscal.

El sector petrolero y el minero (oro, plata, litio, plomo, cinc) tienen el mismo esquema operativo. Declaran a “documento cerrado”. El estado solo toma nota. No existe certeza de las proporciones de los metales principales ya que los minerales mayormente se embarcan como “aleación dorada” y/o “bullón dorado” [caso del Oro] o “minerales de”… “concentrados” o “mineral en bruto” [caso de la Plata]. Las ‘estimaciones’ de los componentes las realizan las propias empresas extractivas y sus laboratorios, a fines del cálculo de tasas y gravámenes así como las regalías liquidadas a los estados provinciales “dueños” de los filones o vetas. ¿Son realmente 500 tons anuales de oro y 300 de plata?

Dado los actores intervinientes, va de suyo que el poder de “cabildeo” es enorme en todos los ámbitos. Y ciertamente a ello contribuye la fragmentación que sufrió la protección de nuestro recursos naturales al “federalizar” su posesión y disposición a cargo de las provincias, en la reforma constitucional del ‘94. No todos los gobernadores supieron estar a la altura moral y estratégica que se requiere, para preservar y valorizar los recursos naturales que contienen sus suelos. El poder de lobby que tienen esas grandes multinacionales resulta muy asimétrico frente a -a veces- humildes gobiernos locales. Por estas cuestiones es que el ‘federalismo’ no es panacea ni aplicado en forma colectiva, como por ejemplo en un “Consejo Federal de…” .

Estos días estamos expectantes, ya que si bien el Ejecutivo Nacional se inclinó por volver a licitar la operación de la Hidrovía Paraná, [esto significa que se consideró que no existen medios nacionales idóneos o suficientes como para suplir el consorcio belga que concluye 25 años de ‘servicios’], a partir de ciertas críticas que se hicieron escuchar de parte de la sociedad civil, se estarían complejizando los pliegos para cubrir aspectos que hasta ahora, no contribuían al control que todo Estado Soberano debe ejercer sobre sus cursos de agua, costas y mares territoriales. Esa Licitación, así como la renovación (si es que el estado no retoma su administración) de la explotación privada de los puertos, debe estar sometida al escrutiño público y particularmente a la totalidad de actores con vinculación o interés al comercio exterior [productores primarios, intermediarios, academias, ONGs, etc.). Pautas y limitaciones al arbitrio de los concesionarios deben ser impuestas.

Afortunadamente, y a propósito del tema de la navegación comercial por la hidrovía, caso que tomamos como paradigmático para ejemplificar la presencia tenue del estado nacional, al no desplegar eficientemente sus facultades legales para controlar cantidades y calidades, (y poder así, aforar correctamente las cargas impositivas y percibirlas al momento de concretar las operaciones autorizadas), debemos destacar que las voces críticas llegaron al menos hasta la gobernación provincial bonaerense, ya que el propio titular Axel Kiciloff, se ha comprometido a gestionar (y la iniciativa ya ha sido recogida por el ministerio del interior de la nación) el proyecto del Canal de Magdalena. Esa vía navegable conecta los pasos dragados fluviales con el Río de la Plata y su deriva directa hacia el mar, sin desvios y pasos próximos al puerto de Montevideo, tal como está planteada la traza original.

Digamos ya cerrando la exposición, que este negocio de “producir dólares afuera” (y por tanto escamotearlos a la economía nacional), tanto para empresas locales como -y con más razón- internacionales, cuenta con la complicidad de una protección mediática muy importante, al menos de los grandes medios. Tanto como la que tienen para omitir toda referencia a nuestra riqueza sumergida, con un fenomenal litoral marítimo al que, precisamente por falta de difusión, la sociedad en general no presta mayor atención. Este dato es conocido por operadores extranjeros que ayudan a depredar el mar argentino, no declarando la verdadera pesca producida, en cantidad y calidad, y previsiblemente, ocultando el descarte de piezas no deseadas que arrojan al mar. La pesca como actividad controlada, es también una formidable fuente de divisas, amén de alternativa para nuestra diversidad y soberanía alimenticia. Se requiere más presencia de inspección en el mar, monitoreo embarcado y contralores en puertos nacionales.

PROPUESTA:

Como todo factor de poder que se precie, las multinacionales vinculadas a la explotación de los recursos naturales en el país, tanto como los holdings nacionales, cultivan un bajísimo perfil, no solo de sus marcas y organizaciones, sino y fundamentalmente de los procesos de exportación, negocios, y el entramado de tal proceso. Los actores intervinientes, productivos y de servicios, los montos que mueven, las formas de acopio, la verdadera cuantificación al momento de embarque, movimientos transfronterizos, etc. La invisibilización de su quehacer es garantía de no ser escrutados, ni su actividad puesta en cuestionamiento. Y en todo caso, tal lo experimentado con la fraudulenta Vicentín, tienen capacidad de movilizar gente a su favor, y los medios asociados distorsionan la realidad, propagandeando a favor del interés capitalista, no el general.

Por tanto, en el plano político, habrá de movilizar a la militancia para contrarrestar aquellas maniobras, esclareciendo previamente toda esta urdimbre delictuosa que se ha hecho lamentable costumbre en parte de la sociedad y algunos rubros productivos. Adicionalmente los gremios, los movimientos sociales locales de las zonas de producción y servicios, las ONG vinculadas a la ecología y en general al equilibrio natural, pueden ser convocadas para agitar estos temas de defraudación a los intereses nacionales ante el resto de la sociedad para su toma de conocimiento y encausar reclamos de cambio.

Finalmente, en el plano institucional sería a nuestra visión deseable:

  • Alinear la orientación estratégica del P.E. con este logro
  • Crear una Agencia Nacional de Desarrollo Exportador (iniciativa del Cippec) pero; con facultades de superintendencia y control sobre los flujos físicos y financieros de las transacciones nacionales e internacionales, y
  • Adoptar como política de estado un programa de calidad de los datos generados por particulares y el propio estado pertinentes, para la toma de decisiones con evidencia en la materia.

De este modo, estimamos que el Estado no será ya inerme, pues contará con medios para su defensa, y tampoco será bobo, pues entenderá la realidad y no habrá espacio para la candidez o “ingenuidad”. La ganancia será social.

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