Panorama en Latinoamérica: Entre la tensión diplomática con Chile y el intento de autogolpe de Bolsonaro en Brasil
En vísperas de las elecciones presidenciales en Chile, a celebrarse el próximo 21 de noviembre, el presidente Sebastián Piñera sacó un decreto con la intención de arremeter contra parte de la plataforma marítima de Argentina, soslayando el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984. La posibilidad de utilizar este conflicto con fines electoralistas existe, sobre todo teniendo en cuenta el debilitamiento de la derecha, del partido de Piñera, en el último tiempo.
En Perú, la oposición demandó la renuncia del Ministro de Trabajo de Pedro Castillo. La inestabilidad política en el país continúa. Recordemos que Héctor Béjar, canciller, fue obligado a renunciar el pasado mes de agosto luego de estar 19 días en el cargo.
En Venezuela se llevarán adelante elecciones el 21 de noviembre. La oposición aceptó competir en las mismas, pero ya adelantó que habrá fraude. Por otro lado Nicolás Maduro celebró el acuerdo llevado adelante entre oficialismo y oposición, en México, e instó a esta a velar por los intereses del pueblo venezolano.
El Día de la Independencia de Brasil, 7 de septiembre, Bolsonaro convocó a una marcha golpista frente a la Corte Suprema y el Parlamento. Lejos estuvo el número de manifestantes a los 2 millones que el mandatario de Brasil prometió.

La semana pasada el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sacó un decreto ampliando la plataforma náutica de Chile apropiando parte de la cuenca marítima argentina, vulnerando el tratado convenido con Argentina en el año 1984. Recordemos que en dicho año se llevó a cabo un plebiscito no vinculante con respecto a aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el conflicto sobre el canal de Beagle. El acuerdo finalmente fue aceptado y, por ende, para ir a nuestra provincia de Tierra de Fuego debemos cruzar por territorio chileno. Al margen de esto, el convenio en cuestión plantea para Chile el pacifico y el Atlántico para Argentina.
A pesar del tratado mencionado más arriba, el gobierno chileno tiene la intención de adquirir un espacio de mar que le corresponde a Argentina. El propio acuerdo de aquel momento estipulaba, ante este tipo de situaciones, llegar a una resolución entre los países o, en su defecto, ir hacia un arbitraje. Es decir que ante la existencia de este tipo de discusiones no se va directamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, sino que ambos países deben llegar a un acuerdo.
Argentina, por medio de su Canciller, Felipe Solá, se expresó al respecto mostrando su posición de protesta. En 2017 Naciones Unidas aceptó las reivindicaciones argentinas sobre su plataforma continental, luego de hacer las presentaciones correspondientes en el organismo internacional. Recién el año pasado, durante el actual gobierno de Alberto Fernandez, fue que la resolución se incorporó con una ley a la normativa nacional. Chile, por caso, no se manifestó concretamente ni en 2017, ni el año pasado mientras se debatía el proyecto de ley en el Congreso. La intención de avanzar sobre territorio argentino es reciente.
El PRO sacó un documento sobre la situación sosteniendo que no tenían ningún tipo de intención de meterse. Algo no demasiado llamativo si tenemos en cuenta otros planteos que dicho espacio ha realizado. Como dijo Solá, en relación a dicho documento, la oposición tomó la postura de “mirar la situación desde el balcón”. En el senado, mientras tanto, se llevó adelante una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores y finalmente se llegó a un acuerdo por unanimidad entre los legisladores en pos de apoyar la posición argentina y rechazar la postura chilena materializada a través del decreto firmado por Piñera.
Aún teniendo en cuenta la posibilidad de que Piñera esté llevando a cabo esta situación de conflicto con Argentina por una cuestión meramente electoral, por el simple motivo de que la derecha chilena, su partido, esté alicaído, el presidente chileno, sin embargo, tiene el apoyo del parlamento. Los legisladores chilenos salieron a bancar la postura del propio presidente. Esperemos, por otro lado, que no pase a mayores y que finalmente haya un acuerdo razonable y equitativo, como corresponde.
PERÚ:
En Perú, la inestabilidad política continúa. Recordemos que el pasado 17 de agosto, luego de 19 días en el gobierno, el canciller, fue forzado a renunciar. La semana pasada el Ministro de Trabajo, Iber Maraví, puso su cargo a disposición de Pedro Castillo, luego de que la oposición pidiera su salida. El presidente peruano está cediendo demasiado con el peligro que ello implica. Debe comprender que tiene que buscar apoyo en Vladimir Cerrón, del partido Perú Libre, el espacio que lo llevó al gobierno. Por otro lado, tiene que ocuparse en consolidar lo propio antes que contentar a los críticos, sobre todo cuando existe tal nivel de disputa.

Tengamos en cuenta que el voto de confianza sobre el gabinete de Castillo que el Congreso Peruano había dado duró poco tiempo. La confianza, en sólo un par de días, cambió de eje. Ante la imposibilidad de gobernar Perú en estas condiciones con un parlamento absolutamente opositor y un ejecutivo vacilante, aflora la potestad que posee el Jefe de Estado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones.
Perú resulta un talón importante para la región sobre todo por la batalla que está dando contra el Neoliberalismo. Por este motivo resulta significativo la centralidad que todo lo concerniente a Perú y el joven gobierno debe tener a nivel regional.
VENEZUELA:
Siguiendo con Nuestra América es importante señalar que la oposición en Venezuela decidió participar de las elecciones del 21 de noviembre. Es un triunfo, aunque no lo quieran reconocer algunos, como el propio Guaidó, para Nicolás Maduro. Las próximas elecciones supondrán la legitimación del oficialismo, por un lado, y la escasa posibilidad de que vuelva a ocurrir la autoproclamación de un presidente de facto, por otro.
La oposición se anticipa a las elecciones y sostiene críticamente que ese día habrá, inevitablemente, fraude. Ante esta postura se puede suponer que la oposición está reconociendo su potencial derrota y, en función de buscar salvaguardarse, sostienen la virtual maraña en dichas elecciones. Al margen de las expresiones de distintas fuerzas políticas no alineadas con el gobierno venezolano, dirimir las diferencias por medio del sufragio ya es un hecho puntual a destacar, sobre todo para que no vuelva a emerger un nuevo Guaidó.
La semana pasada tanto oficialismo y oposición volvieron a reunirse en México con el acompañamiento de Noruega. El objetivo del encuentro giró en torno a seguir avanzando en las negociaciones. En este marco el planteo de Nicolás Maduro tuvo que ver con la posibilidad de sacar el máximo provecho de la reunión para tomar una única senda: La devolución de todos los bienes embargados al pueblo venezolano, sobre todo el oro el cual está radicado en Inglaterra. Veremos qué postura tomará la oposición porque es entrometerse con los intereses norteamericanos.
BRASIL:

En el país vecino, Jair Bolsonaro tiene la fuerte intención, desde hace varios meses, de cambiar el régimen electoral. La implementación de la e-urnas, como se lo conoce al voto electrónico, se remite en Brasil a los albores del siglo XXI. Las e-urnas le han dado al país buenos resultados. En casi más de 20 años de su uso nunca existieron denuncias reales de fraude, ni ningún otro tipo de irregularidades.
Las encuestas dan como ganador a Lula en las próximas elecciones a celebrarse en el año 2022, por lo que Bolsonaro, amparándose en un potencial fraude electoral, está buscando la forma de cambiar el sistema de sufragio. El 11 de agosto su propuesta de enmienda constitucional para cambiar el sistema de votación se quedó a 79 votos de los necesarios en el Congreso. La sesión parlamentaria se celebró horas después de que el mandatario y capitán en la reserva presidiera, junto a la cúpula militar, un desfile inédito de tanques en el centro de Brasilia. Pese a la derrota parlamentaria, la polémica sigue viva. Bolsonaro insiste en que “no se puede confiar en el resultado del escrutinio (de las presidenciales)” previstas en 2022.
Decenas de miles de simpatizantes de la ultraderecha se movilizaron este martes, Día de la Independencia, para asistir a los actos golpistas convocados por Jair Bolsonaro en la capital y en San Pablo. Fueron movilizaciones importantes aunque muy lejos de llegar a los dos millones de personas prometidos por el mandatario. Los objetivos preferenciales de las movilizaciones fueron el Supremo Tribunal Federal y el Congreso, dos de los tres poderes que constituyen a una República. El restante, el poder ejecutivo, ya lo tiene Jair Bolsonaro.