El negocio de ser empresario en Argentina: Caso “La Carne”

Por: Roberto Candelaressi

Cuando la situación concursal y legal –por su saga de estafas seriales– del holding Vicentín aún no fue resuelta, surge un caso copia con «Molino Cañuelas», grupo de la familia Navilli, que solicita un concurso preventivo de acreedores, pues hoy no puede afrontar deuda por 1.300 millones con diversas entidades financieras.

Similarmente a la corporación santafecina, Molino Cañuelas dejó el tendal de bancos, incluyendo uno [Rabobank] vinculado al temible fondo Black Rock, lo que nos hace expectantes sobre que estrategia e intensidad desplegará ese emporio financiero, para recuperar sus acreencias. Así como a otros tantos bancos comerciales del sistema nacional, el perjuicio se habría pergeñado mediante un posible vaciamiento y lavado de activos, a través de varias sociedades en el exterior.

Una curiosidad que no se puede emitir, pues sospechamos que tal el caso del citado VICENTÍN, existe un apoyo del ámbito judicial: la compañía se concursó en Córdoba cuando el domicilio de la empresa está en la provincia de Buenos Aires [¿fórum shopping?

¿Desmanejo financiero? ¿Víctima de las perturbaciones del mercado creadas por la gestión Macri? [Su desproporcionado endeudamiento proviene de esa etapa], o, denominador común de una casta empresaria que aun fundiendo empresas sobrevive enriqueciéndose en lo personal. Ese mismo linaje es al que aludimos aquí como constitutivo del establishment local. Y vale la pena aclarar en este punto: NO se trata de la totalidad del empresariado, que por cierto es muy variado y reconoce diversas motivaciones y conductas. Grandes, chicos y medianos. Pero la estirpe que aludimos acá es la que domina preferente los rubros de su actuación, por su envergadura suelen ser oligopólicos o directamente monopólicos. Forman precios o tienen herramientas como para influir sobre ellos en el mercado de modo determinante.

Su denominador común como demanda al Estado, es el reclamo para “Bajar los impuestos”, so pena de continuar con un mercado distorsionado (del que curiosamente son los únicos beneficiarios). Es harto conocido en la actividad económica, que existe una compleja arquitectura legal (no siempre legítima), ampliamente usada por grandes (y no tan grandes) empresas, que les permite eludir impuestos a las ganancias y otros gravámenes sobre el patrimonio y operativos.

Existe una práctica de las compañías vinculadas con el exterior, denominada planificación fiscal internacional, secreto celosamente guardado por aquellas, al punto que, vía judicial (amparos) suelen negarlos a la requisición de la AFIP. La ‘des locación’ de los paquetes accionarios de un país a otro, o directamente asentándolos en paraísos fiscales, les permite eludir (o evadir) el pago de impuestos, pues declaran sus ganancias [dividendos] en donde siempre pagan menos o nada, haciendo abuso del principio –convenido usualmente entre países – de evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio.

Esto de la mácula como denominador común también entonces incluye una categoría no muy descripta en la literatura vernácula especializada, cual es la corrupción empresarial. Como sea, un tema candente por esta época es el amenazante lockout patronal de los ganaderos de la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales, a pesar de que siguen exportando más carne vacuna que otros años.

Y, siendo la CARNE (esencialmente la bovina) un elemento casi constitutivo de nuestra nacionalidad, nos disponemos a analizar las alternativas de la actividad que resulta en el bien producido para nuestra dieta o las de otros, tratando de desnudar las conductas del empresariado de este sector económico esencial, que, por cuya intensa actividad de cabildeo y de acción directa, conforma un actor importante del escenario político. Nuestra pregunta de tesis es si su comportamiento encuadra en las características que esbozamos más arriba, refiriéndonos al mentado establishment.

Gobiernos, Rodeos y Vaqueros

La actual tensión entre ganaderos exportadores y frigoríficos y el Estado Nacional (gobierno, en rigor) hizo un pico con la respuesta política como el cierre temporal de exportaciones de carne, frente a una espiral especulativa de toda la cadena productiva, y, a fin de frenar un conjunto de maniobras de triangulaciones que incluyó la posible evasión tributaria y la no liquidación de divisas en el país, todo un esquema ilegal.

La acelerada suba de precio en el último año, muy por encima del promedio inflacionario general (que también contiene un importante factor especulativo de por sí), reconoce técnicamente varias causantes, pero es atribuida por los operadores del sector por la disminución del stock ganadero, sin aclarar que la causa real de tal caída es la liquidación de vientres en los últimos años del macrismo.

En tanto las estratagemas esbozadas, al menos en parte, fueron montadas a través de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), una herramienta muy flexible y opaca, ideada por el macrismo para “beneficiar a los emprendedores” pero que, no regida por transparencia o estándares internacionales para prevenir lavado de activos y financiamientos espurios, mayoritariamente se utilizó para estafar al fisco. Un slogan – y práctica– muy propios de la coalición gobernante en 2016/2019.

Bajo ese sistema “simplificado”, se habilitaron 60 establecimientos para exportar carne a China entre 2018 y 2019, más que duplicando los que funcionaban en 2015. Esa alta –e indiscriminada– demanda de carne para exportación, aumentó el precio en el mercado interno, justo cuando el poder adquisitivo del salario venía en picada.

En la actualidad, referentes ruralistas de la oposición, atribuyen la caída del stock vacuno como una consecuencia del cierre temporal de exportaciones, pero como adelantáramos, la merma del stock es consecuencia de la liquidación de hembras faenadas para China en años anteriores, siendo que el precio pagado a los productores bajaba. Esto último se explica parcialmente porque en un sector muy concentrado como son los frigoríficos, pisaban el precio interno para –como siempre – maximizar sus ganancias.

Un factor real, pero exagerado en la ecuación ficticia de costos de grandes ganaderos y criadores, fue la suba del maíz, componente de la alimentación PARCIAL del ganado, como tantos commodities en la época de ‘alta’ pandemia (2020), sin embargo, como es de producción local, el gobierno subió retenciones para controlar su nivel de impacto. A diferencia de la era macrista en que se encareció el insumo por motivos estacionales, pero sin medidas, sino todo lo contrario; al bajar las retenciones por decisión de Macri, el alimento vacuno aumentó en el mercado interno.

Realmente, los precios de venta de los novillos, durante la gestión Etchevehere [Cambiemos] y agudas devaluaciones mediante, bajaron a niveles de pérdida (para los productores). Así, de U$S 2,10 en 2015, en 2018 se ubicó por debajo de 1,30 dólares. A ese ras comenzó la liquidación de vientres [Centro de Estudios Agrarios (CEA)]. Estas pérdidas implicaron una descapitalización naturalmente, y todas como producto de las (no)políticas del gobierno neoliberal. Por ejemplo, en 2015 el 43,5% de la faena fueron hembras, al terminar el mandato macrista en 2019 el número había ascendido a 49,3%. Una pérdida de cabezas que aún repercute en el actual rodeo

Del lado del consumo ‘doméstico’ la caída – aun considerando cambios paulatinos de hábitos de dietas y el uso de otras carnes (aviar, porcina, etc.) que tiene su incidencia – está estrechamente vinculada con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Según informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), entidad financiada por y lobby del sector de productores y frigoríficos –de hecho, la gestiona la opositora Mesa de Enlace–, el consumo de carne bovina descendió de 59.9 kg en 2015 a 51 kilos en 2019. Fuerte caída histórica. Consecuencia como relatamos, de priorizar con medidas gubernamentales la exportación en menoscabo del mercado interno. En resumen, ni los productores primarios ni los consumidores mayoritarios (clase trabajadora) se vio favorecida, por el contrario, sufrieron pérdidas.

El referido Instituto, que maneja una cuantiosa caja en publicidad para el establishment agropecuario, publicó que, que como consecuencia del cierre parcial de exportaciones de carne, las ventas al exterior caerían entre un 30 y un 35%, y que en el período julio-agosto habría 100 millones de dólares menos por mes de exportaciones.

Sin embargo, las estadísticas (números reales) que ellos mismos también comparten, indican incrementos totales interanuales [6.000t.] de tales exportaciones para el periodo señalado, incluyendo las mermas de algunos mercados, pero, más que balanceadas por el aumento de los despachos a otros.

A pesar de esa realidad, los integrantes de la Mesa de la Carne, siguen difundiendo que el Plan Ganadero no progresará porque no cuenta con su acuerdo, el que solo será posible si las exportaciones se vuelven a abrir ilimitadamente, de lo contrario el mercado seguirá “vulnerado”. Acerca de los incrementos verificados de saldos exportables, estos actores políticos, proclaman que se trata de un fenómeno “estacional”. [Argumento no sustentado por la serie histórica estadística].

Como respuesta política del gobierno nacional al desorden del mercado, tanto por frigoríficos no habilitados y las subas exponenciales del valor de la carne al público, se impuso un cupo del 50% de exportaciones por frigorífico, más la Cuota Hilton y otros compromisos internacionales de abastecimiento, con lo que el “recorte” de exportaciones es muy inferior al que los factores de presión del rubro parecen querer instalar en la sociedad, victimizándose. La realidad sin embargo mostró que, aunque magro, hubo no solo un freno a la suba de precios, sino al contrario, los precios de venta al público bajaron. Otro tema a investigar, es el que los precios del ganado en pie en los mercados concentradores tuvieron un declive proporcional mucho mayor a la disminución en góndola.

En definitiva, la resultante de las medidas aplicadas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, limitando parcialmente las exportaciones, tuvieron el éxito de una incipiente estabilización de los precios de la carne al consumidor local. Otro objetivo alcanzado fue el de limpiar al mercado de aquellos frigoríficos irregulares brotados de la mano de las Sociedades Anónimas Simplificadas que ya describimos, invento de la anterior administración para fomentar un emprendedurismo que solo sirvió para defraudar al fisco.

El gobierno de Cambiemos, flexibilizó en su momento, las distintas normas de control que permitieron que los frigoríficos fraudulentos se expandieran. A los exportadores no se les exigió más la presentación de sus balances, ni se multaron infractores del rubro con expedientes avanzados. También eliminaron el sistema del Registro de Operaciones de Exportación (ROE) reemplazado por declaraciones juradas de los interesados, con el margen de libre arbitrio que ello conlleva. Lo que las entidades a través de voceros y lobistas, pretenden es accionar en contra de las regulaciones del comercio exterior de carne y claman críticas contra el Plan Ganadero.

A propósito de este último, digamos que, durante décadas, los planes para el sector fueron similares, basados en incentivos a las pasturas, la genética y sanidad. Pero nunca prosperaron. En defensa de su falta de apoyo, remiten al cierre de exportaciones de 2006 con una gran pérdida subsecuente de cabezas, pero en realidad hubo no solo una catástrofe climática en 2008/09, que no se menciona como tampoco que al 2015 el stock ganadero ya estaba recuperado. La merma actual, reiteramos está vinculada con la liquidación de vientres que ocurrió en los últimos dos años del gobierno anterior.

Solo diez (10) exportadores reúnen el 75% de las ventas al exterior, una gran concentración de frigoríficos de gran volumen en el escenario, de los cuales algunos de los mayores son de capitales brasileños (JBS, MARFRIG, SWIFT) y otros de renombradas familias locales (Braun, Coto). Estos grupos económicos suelen participar con porciones mayoritarias de la Cuota Hilton (los mejores y más caros cortes para Europa). En su conjunto, de las casi un millón de toneladas anuales producidas, ahora se exporta el 29%, cuando en 2016 la cuantía era de un 9%. Los ganadores claramente son los exportadores que triplicaron sus volúmenes para cobrar en divisas. A su vez, el Consorcio ABC que nuclea esas empresas explican también el 30% de la faena para consumo interno.

Como explicamos más arriba, el cierre temporal de las exportaciones de carne fue para acomodar algunas irregularidades del mercado, sacando al mismo tiempo del juego a ese grupo de frigoríficos que triangulaban operaciones a China con una maniobra que contribuía a aumentar el precio de ganado vivo en Liniers, como se dijo.

Asimismo, su propósito nuclear fue bajar el precio de la carne en supermercados y carnicerías. Objetivo parcialmente cumplido ya que varios cortes han visto reducidos sus precios desde Julio del corriente entre un 2% y un 10% [Info. Mrio. Desarrollo Productivo], no obstante, sería un magro resultado considerando la importante suba interanual de entre el 70 y el 100% precedente.

Futuro: Plan ganadero del estado con el Sector

Mas allá de las críticas desacertadas (por interesadas) que emiten algunos dirigentes opositores, desde el gobierno nacional se prepara una respuesta que se consensa con productores que aportan sus visiones y opiniones, en un modo colaborativo y sin reservas partidistas.

El plan cuenta con dos ejes: aumentar la eficiencia del rodeo y la productividad. Las tácticas apuntadas serían, aumentar el % del destete del 63 actual hasta un 70 en un horizonte de hasta 10 años, a fin de contar con más terneros (estimula el ciclo corto de la fertilidad), y, aumentando el peso de los animales a faenar. Nuestro país, procesa animales jóvenes con un bajo peso promedio (226 kg), en comparación con el resto de países exportadores, por ejemplo EE.UU. que toma animales de 360 kg por lo menos. El agregar kilos vivos, aumenta considerablemente la producción de carne.

EL CEA [Centro de Estudios Agrarios] aporta la sugerencia “federalista”, de que podrían realizarse proyectos productivos en zonas áridas (Cuyo, por caso) es decir, fuera de la zona de Pampa Húmeda, para atender al mercado local, dado que su producto no podría competir con la calidad resultante de aquella. A la vez, de generar riqueza a distribuir en otras regiones del país.

Perfil del actor protagónico del sector privado

Ya caracterizamos el sector, en la esfera de los decisores; detrás de los aumentos de la carne se distinguen los fenómenos de evasión, subfacturación y concentración de los frigoríficos. Respecto de esta última particularidad, la estructura de concentración de grandes exportadores [formadores de precios], indicamos que los 10 más grandes frigoríficos concentran el 75% de las ventas al exterior. Esto implica un tremendo “poder de fuego” respecto al manejo financiero de divisas, insumo crítico y por tanto estratégico, razón por la cual toda su actividad debería transparentarse al menos a los ojos del monitoreo estatal.

La misma concentración de tal oligopolio, los convierte en casi en un monopsonio a la hora de adquirir la hacienda para procesar, es decir, imponen precio a los productores (de cría o engorde). Su accionar se refleja en el nivel doméstico de precios, a tal punto que como dijéramos antes, el consumo per cápita se desplomó en estos años pasados (10 kg menos por habitante/año), y sin embargo el precio al minorista no dejó de crecer. Y, lo que es más gravoso, es que en este par de años el costo para el consumidor subió por encima del promedio inflacionario.

Esa enorme suba reconoce un par de motivaciones; una es el valor en alza del maíz en el mercado mundial (como tantas commodities) que encarece el forraje, otra es la predilección de los grandes operadores a destinar la mayor cantidad de carne a la exportación por ser su rentabilidad más atractiva, y, como dijimos en … divisas, desatendiendo al mercado local u ofreciendo el producto a “precios equivalentes”.

Pero tal vez la más importante es que muchas empresas utilizaron frigoríficos no incorporados al Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) del Ministerio de Agricultura, para con estas empresas anexas fantasmas, triangular operaciones a China (por lejos el mayor comprador) vía Uruguay. La actividad consiste en SUBFACTURAR a Uruguay el producto, para luego desde ese país formalizar la exportación a Oriente a un precio de mercado muy superior, y NO DECLARAR ese “sobrante” de divisas que quedan en el país vecino, o se traen vía contado con liquidación. Pero amén de retacear reservas al Banco Central (delito), el efecto en el mercado interno, es que esa ganancia “extraordinaria” le permitía pujar por la mejor calidad, con ese dinero “sobrante” que hacía subir los precios internos. Pasando en limpio; los productores asociados CRA o la Sociedad Rural recibían mejores valores por su hacienda, y por ello, salen en defensa de esos frigoríficos “truchos”.

Son los mismos que dominan el mercado, que, por medio de sus representantes, anuncian nuevo lockout patronal, y amenazan con nuevas medidas de protesta [C.R.A.].

Herramientas del Estado

El proceso de subfacturación de exportaciones es perseguido por la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ). La Aduana publica listados de frigoríficos que presentan diferencias considerables entre los valores de referencia para la exportación y lo realmente declarado. Ante estas discrepancias se inician investigaciones administrativas (sumariales) en las que las empresas son instadas a formular descargo mediante la presentación de documentación justificante. De no ser satisfecho el requerimiento, se pueden canalizar las actuaciones a la justicia penal.

La IGJ sostiene que quitar regulaciones y controles en el tema “derivó en un posibilitador o plataforma de lanzamiento pro evasión impositiva, en un impacto alcista significativo en los precios internos o locales de los productos cárnicos en general”. Posibilitando así la comisión de fraudes, al antijurídico amparo de omisiones informativas, para caer en opacidades societarias y económicas. Solo a título de ejemplo, citamos algunas reconocidas empresas del rubro bajo investigación, por diferencias de valores reales y declarados: La Anónima (Braun), Friar (Vicentín), Coto y Quickfood.

Necesario debate

El Consejo Agroindustrial Argentino, está elaborando un proyecto de ley que, apuesta a potenciar las inversiones en la ganadería, entre otras medidas. Todo en un consuno con las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura. Desde el gobierno entienden que extender el cierre de exportaciones sine die representaría un fracaso. El objetivo en cambio es fomentar la producción, la faena y el stock para consumo interno, pero bajo la premisa de desacoplar algunos cortes populares al menos, del valor internacional.

Una opción consiste en subsidiar aquellos cortes destinados exclusivamente al mercado interno, con los recursos extraordinarios que está recaudando el Estado por las retenciones de la soja, excedente que se produce al haber duplicado su precio FOB en el corriente ejercicio (actualmente cotiza cerca los U$D 600/ton.).

En definitiva, siendo un insumo alimenticio de primera necesidad (las proteínas animales lo son en todas las dietas del mundo), pero a la vez, un bien de cambio de alta demanda desde el exterior (y por tanto, fuente de las tan escasas divisas), es indudable –en nuestra opinión– que Estado debe estar presente para regular el mercado, y evitar que su disponibilidad como mercadería y su precio de venta, estén solo supeditadas a un puñado de grandes operadores del rubro [hacendados y frigoríficos], o, en su defecto, podría participar directamente como jugador en el mercado. Para esto último, rescatando experiencias del pasado, se puede revivir instituciones acaparadoras y/o reguladoras, o en su defecto, administrar en el dominio estatal un gran frigorífico exportador, como por ejemplo la firma FRIAR, del grupo Vicentín, gran deudor de Estado (impuestos diferidos) y de Banco Nación por créditos impagos.

Pero existe otra alternativa, y quizás la políticamente mas viable al presente: el Estado podría fortalecer el sistema de cooperativas vinculadas a esta producción, y formalizar acuerdos de provisión a precios sustentables pero económicos con tales sociedades, tal como algunos dirigentes cooperativistas proponen. Este mecanismo desde el discurso neoliberal, es muy poco vulnerable, ya que es el método que prevalece en el sector agropecuario estadounidense, al que tanto admiran, y que por cierto funciona normalmente.

Unidades Productivas competentes, pero fuera del gran negocio

Existe una pléyade de frigoríficos de estructura mutualista, como cooperativas o empresas recuperadas actualmente dirigida por sus empleados, que, siendo de mediana o pequeña envergadura, operan bajo todas las normas de calidad para el consumo humano. Pero hasta hoy, no participan en ninguna mesa de negociación, sin perjuicio de lo cual, presentan propuestas para intervenir a conveniencia para el consumo doméstico.

Por una resolución de la cartera de Agroindustria macrista (Buryaile), se excluyeron los frigoríficos recuperados de la categoría “matarifes abastecedores”, por tanto, quedaron obligados a comercializar por intermediarios (necesariamente más caro). Esto fue así, por cuanto el gobierno cambiemita cedió a las presiones de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), que arguye que los recuperados son “ilegales” porque no tienen las mismas cargas sociales de sus empleados ni pagan todos los impuestos que sí hacen los frigoríficos “en regla”. Huelga decir que para la Mesa de Enlace también representan ilegitimidad, y por ello son excluidos de su representación.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) es el ámbito de negociación y donde se esbozan los lineamientos del Plan Ganadero que más arriba aludimos. Es un foro donde confluyen las grandes aceiteras, diferentes cámaras de las economías regionales de todo el país y la Mesa de Enlace, esta última con posiciones irreductibles, particularmente fogueadas por la Sociedad Rural o sus ‘colegas’ de Confederaciones Rurales Argentinas. Estos factores de presión (y poder) suelen adoptar una postura como que la única negociación posible con el gobierno nacional debería incluir, primero, su capitulación. Pretenden imponerse siempre sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva, por lo que no admiten la interferencia del Estado en defensa de aquellos.

Dentro de los eslabones más vulnerables naturalmente incluimos a las unidades productivas mutuales, las que pueden dejar esa condición solamente con la habilitación del Estado, tanto como para vender cortes al público, como para sentarlos en las rondas de discusión. Estas pymes están hoy trabajando con el 50% de su capacidad ociosa o más, y ciertamente con menos personal del posible.

Otra realidad sería incluirlos en el trato. A título de ejemplo firmas como FRIGOCARNE o LA FORESTA forman parte de la cámara que los agrupa. Representan el 4% del mercado interno, pero con capacidad de llegar al 10% con productos envasados. No requieren intermediaros y están en capacidad de competir –por ejemplo – con una firma como COTO y otros supermercados, que en conjunto hoy manejan el mercado de hacienda.

Con el acuerdo del gobierno con los frigoríficos exportadores, se llega a abastecer a las cadenas de supermercados, donde los precios acordados tienen un tope de volumen. Incluir a las pymes, es prometedor no solo para ampliar la oferta a bocas de expendio barriales, sino para hacerlo a precios más populares aún que los acordados. 

Como apuntábamos más arriba, el primer obstáculo es de orden político/legal, derogar la norma inhabilitante como matarifes, pero negociar con la CAIF que reúne esa actividad de abastecedores [unos 7.500 según el Centro de Estudios Agrarios (CEA)], y reputa la presencia de los recuperados como de competencia desleal.

Conclusiones

La propuesta de estos cooperativistas suena razonable toda vez que son capaces de abastecer la carne para el sistema de comedores escolares (de las jurisdicciones), los comunitarios y los destinados a la Tarjeta Alimentar, todo a precios módicos y en ese caso, sin demasiada participación en el mercado de consumo general. Los grandes clientes pueden ser los municipios, pero el Estado en ese caso debe estar presente, generando un fideicomiso, por ejemplo, como se propone, de modo de generar crédito para pagar a los productores de ganado al contado financiado el plazo normal de pago de los órganos oficiales adquirentes (normalmente 90 días vista).

Desde el punto de vista político, entendemos que la presencia de los frigoríficos cooperativos en la mesa de negociación, puede constituir un factor de equilibrio, ya que a la misma hoy se sientan tanto la Sociedad Rural como el Consejo Agroindustrial, actores que, en realidad, son parte del problema. Por otro lado, su capacidad de incidir en el mercado para bajar los precios, ya justificaría su presencia frente a la Mesa de Enlace.

Finalmente, más allá de los estímulos gubernamentales para fomentar la producción, ¿No es hora de que se les exija a los grandes ganaderos que nuclean aquellas entidades, que realicen inversiones propias para mejorar la productividad, tal como hicieron en el agro? Por ahora, son remisos en incorporar tecnología e infraestructura, sin embargo, destinan ingentes sumas para la gran prensa y lobbies para hacer escuchar sus “razones”, las mismas que invoca la oligarquía en los últimos 150 años. Es hora de discutir con pantalones largos.